http://www.abc.es/cordoba/20130606/sevp-investiga-junta-cumplir-salud-20130606.html

Una de las denuncias que ha provocado el expediente parte de un funcionario cordobés

 La Comisión Europea está investigando el incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales por parte de la Junta de Andalucía y le ha pedido a la Administración autonómica que aporte información sobre cómo la lleva a la práctica. La denuncia de un funcionario cordobés ha llegado a las altas instancias comunitarias, de tal modo que el empleado público acaba de recibir un escrito emitido el 8 de mayo por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión del citado organismo europeo, con sede en Luxemburgo, en el que le comunica que su denuncia, «analizada con detalle» dice el documento, tiene fundamento y está relacionada con otra realizada ante la misma institución por exacto motivo.

Así, la Comisión Europea señala en el documento en cuestión que le ha enviado «una carta a las autoridades españolas mediante el sistema UE Pilot [un método de intercambio de datos entre miembros de las instituciones comunitarias] en el que se solicita información acerca de los problemas planteados tanto en su denuncia como en la anterior». La misiva añade que «las autoridades españolas [esto es, la Junta de Andalucía] han respondido a esta carta y su respuesta está siendo analizada actualmente por nuestros servicios».

Esta situación de precariedad de medios de la Administración autonómica en relación a la salud y la seguridad laborales ha llegado a la UE después de un largo recorrido en Andalucía. Como ya informó este periódico en su edición del 3 de diciembre de 2012, ninguna consejería de la Junta de Andalucía cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales en sus sedes, a pesar de estar obligado a ello desde hace quince años, esto es, desde que se aprobó el Real Decreto 39/97 que regula esta cuestión. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía puso de manifiesto estas carencias en un escrito fechado el 2 de mayo de 2012 en respuesta a trece denuncias de CC.OO., y que este sindicato no difundió.

Las denuncias señalaban «graves incumplimientos», tales como no realizar pruebas periódicas de salud a los trabajadores o no disponer de planes de emergencia y evaluación en los centros laborales de la Administración regional. La Inspección de Trabajo emplazó a la Junta de Andalucía a que «integrase la actividad preventiva en el sistema general de la gestión de las distintas consejerías, mediante la elaboración e implantación de un plan de riesgos laborales con el contenido definido» por el decreto Ley de 1995 y el decreto 304/2011.